MARTES. Su particular calvario se iniciaba el pasado martes, con su declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, como resultado de la querella que contra él ha planteado la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, por los presuntos delitos de falso testimonio, encubrimiento por ocultación de pruebas y omisión del deber de perseguir delitos.
Durante su declaración, el que fuera jefe de los Tedax el 11-M se vio obligado a admitir que se habían destruido la mayor parte de las muestras recogidas en los trenes el 11 de marzo y en los días siguientes. Desapareció una auténtica montaña de evidencias, que podrían habernos permitido determinar sin género de dudas los explosivos utilizados en la masacre. Al juicio sólo llegaron unos pocos restos metálicos que, para más inri, habían sido previamente lavados con agua y acetona. Lo peor de esa confesión es que en el sumario del 11-M no consta por ninguna parte ni la petición de destruir las muestras ni la comunicación del juez autorizando esa destrucción.
En realidad, Sánchez Manzano debería haber declarado el pasado mes de agosto, pero su comparecencia hubo de posponerse debido a que no se le pudo entregar la citación, por hallarse de crucero en aguas del Mediterráneo. Lo cierto es que, como publicó EL MUNDO, los testigos afirman que volvió de su crucero con tiempo suficiente para comparecer ante el juez, pero al parecer prefirió retrasar su declaración, quizá para que no coincidiera con la de su subordinada, la jefa del laboratorio de los Tedax, también imputada.
Sin embargo, lo que al final consiguió el comisario es que su comparecencia coincidiera con dos importantes pronunciamientos judiciales en su contra, por lo que la cosa no ha podido haberle salido peor.
MIÉRCOLES. El miércoles por la noche, VeoTV ofrecía en exclusiva una noticia que debió de caer como un mazazo entre los cada vez más escasos defensores de la versión oficial del 11-M: la juez del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid había desestimado, en su integridad, la demanda que Sánchez Manzano había planteado contra EL MUNDO y varios de sus periodistas. La sentencia le condenaba, asimismo, a pagar las costas del juicio.
El simple hecho de que se desestimara la demanda ya constituiría, por sí sólo, un auténtico triunfo de la libertad de expresión. Pero lo que nadie se esperaba es que la sentencia de la juez Lledó entrara, además, en el fondo del asunto, analizando con detalle las informaciones publicadas por EL MUNDO en su día y dictaminando que dichas informaciones fueron «veraces» y «rigurosas».
No sólo eso: la juez considera como hecho probado que en los días inmediatamente posteriores al 11-M se produjeron gravísimas irregularidades en las investigaciones oficiales sobre los atentados, entre las que se incluyen la alteración de los procedimientos habituales en caso de atentado, la ocultación de datos al juez Del Olmo y la elaboración de informes con datos directamente falsos.
En la sentencia se confirma, por ejemplo, que se ordenaron llevar los restos de los trenes a la Unidad Central, en lugar de a la Brigada Provincial de los Tedax, que era lo usual. Se confirma también que el laboratorio de los Tedax no contaba con el equipamiento necesario para los análisis detallados que había que realizar a las muestras, a pesar de lo cual no se enviaron a la Policía Científica.
La sentencia deja claro, asimismo, que Sánchez Manzano volvió a faltar a la verdad en el juicio del 11-M (ya lo había hecho antes en la Comisión de Investigación), cuando dijo que «nunca» se enviaban residuos de explosiones a la Policía Científica para su análisis.
Y se revelan, finalmente, dos datos novedosos. Por un lado, que la Brigada Provincial de Tedax remitió en su día a Sánchez Manzano una nota informativa indicando que la mochila de Vallecas no estalló porque tenía dos cables sueltos, a pesar de lo cual el comisario no comunicó ese extremo al juez Del Olmo en su informe de 26 de abril de 2004, donde afirmaba que se desconocían las causas por las que la mochila no había estallado. Estaríamos, por tanto, ante una deliberada ocultación de datos al juez instructor del 11-M.
La segunda de las novedades es aún más llamativa. Porque se confirma que lo primero que se hizo con el teléfono encontrado en la mochila de Vallecas, en la madrugada del 12-M, nada más llegar al complejo policial de Canillas, fue desarmarlo para analizar las huellas dactilares. Lo que implica, dadas las características técnicas de ese modelo, que en ese instante se perdió cualquier información de programación que el teléfono tuviera. A pesar de lo cual, Sánchez Manzano le dijo al juez que el teléfono estaba programado en modo alarma, con las 7.40 como hora de activación. ¿Cómo pudo saberlo, si la programación del teléfono se había borrado? Es un detalle enormemente importante. Porque si la mochila de Vallecas fuera como las bombas que verdaderamente estallaron en los trenes (lo cual es mucho suponer), entonces es absolutamente imposible saber la hora o el modo de funcionamiento con el que el teléfono de esa mochila estaba programado. Todo lo que nos han dicho de que las bombas del 11-M utilizaban teléfonos móviles programados para explotar a las 7.40 horas no pasaría de ser, en el más favorable de los casos, una mera suposición de los investigadores.
Ese mismo miércoles, y dentro del marco de la querella interpuesta por las víctimas contra Sánchez Manzano, diversos testigos confirmaban cómo el comisario se saltó el 11-M los procedimientos, asumiendo él mismo el mando operativo de los Tedax; ordenando que las muestras recogidas se llevaran a la Unidad Central (en lugar de a la Brigada Provincial) y permitiendo u ordenando que se destruyera una multitud de evidencias, en lugar de conservarlas hasta el juicio, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
JUEVES. Al día siguiente, Libertad Digital publicaba otra exclusiva, dando cuenta del segundo revés judicial para Sánchez Manzano en el plazo de dos días: la Audiencia Provincial de Madrid acababa de rechazar un recurso del comisario y acordaba desestimar definitivamente la querella que había presentado en febrero contra la Asociación 11-M Verdad y Justicia y la Plataforma Ciudadana Peones Negros.
La querella había sido presentada por un cortometraje elaborado por esa asociación y distribuido a través de Youtube, en el que se denunciaban irregularidades durante las investigaciones. Después de rechazarse en primera instancia, el caso había llegado hasta la Audiencia Provincial, que la desestimó definitivamente. En su auto, la Audiencia señalaba que el caso ni siquiera hubiera debido admitirse a trámite y que «la gravedad de los hechos producidos el 11-M, así como las circunstancias de que los restos de los explosivos no se remitieran a un gabinete científico mejor dotado, justifican sobradamente un amplio margen para el uso en una sociedad democrática de las libertades de expresión e información».
Pero si ese nuevo revés era malo para Sánchez Manzano, mucho peores eran las reacciones de los sindicatos policiales a la sentencia que absolvía a EL MUNDO, reacciones de las que este diario se hacía eco aquel mismo jueves.
Porque, mientras que el SPP (que es quien está respaldando a Sánchez Manzano en sus querellas) lamentaba que los superiores del ex jefe de los Tedax le hubieran «dejado tirado», la CEP consideraba que la sentencia «demuestra que no todas las cuestiones relativas a la investigación de los atentados del 11-M fueron desarrolladas con la pericia y profesionalidad requeridas».
Mucho menos delicado se mostró el SUP, que calificó al comisario como «el peor jefe que han tenido nunca los Tedax» y afirmaba que «ha hecho un flaco favor a la Policía y ha prestado un servicio impagable a la teoría de la conspiración».
Pero hasta estas duras palabras parecen comedidas al lado de la reacción de la Unión Federal de Policía, cuyo portavoz, Alfredo Perdiguero, reclamó a Sánchez Manzano que aclare «si recibió órdenes y de quién». La sentencia, según dicho sindicato, deja claro que el comisario «ha mentido y ha manipulado pruebas de los atentados más graves de la historia de España».
VIERNES. La semana terminaba para el ex jefe de los Tedax con la declaración de otros testigos en la causa que se sigue contra él a instancias de víctimas del 11-M. El que fuera subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado, confirmaba que nunca se destruyen las evidencias de un crimen sin la preceptiva autorización judicial, mientras que uno de los peritos del laboratorio de la Policía Científica, Manuel Escribano, relataba cómo los días 11 y 12 de marzo habló personalmente en dos ocasiones con Sánchez Manzano para pedirle que le enviara las muestras de los trenes, ya que tenía todo preparado para realizar los análisis. Las muestras, por supuesto, nunca le fueron enviadas, en contra del procedimiento habitual.
Hay semanas, como les decía, en las que uno no está para nada. Aunque quizá lo que Sánchez Manzano debiera preguntarse es quién le ha empujado a presentar una serie de querellas sin sentido contra diversos periodistas. Querellas que, al final, se están volviendo contra él. A la vista de los acontecimientos, parece, efectivamente, que alguien ha «dejado tirado» al comisario, como decía el portavoz de su propio sindicato.
Aunque yo diría que, más que sus superiores, quienes le han dejado en la cuenta son aquéllos que han querido utilizarle como ariete y que ahora se permiten el lujo de decir (¡hace falta valor!) que el ex jefe de los Tedax «ha prestado un servicio impagable a la teoría de la conspiración».
Tres bofetadas de la Justicia
>Demanda de Sánchez Manzano contra EL MUNDO: Desestimada después del juicio oral. La juez considera que las informaciones del diario fueron «veraces» y «rigurosas».
>Querella de Sánchez Manzano contra la Asociación 11-M Verdad y Justicia: Rechazada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción 35 y vuelta a desestimar por la Audiencia Provincial de Madrid.
>Querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio: En fase de instrucción, acusados de falso testimonio, encubrimiento por ocultación de pruebas y omisión del deber de perseguir delitos.
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