Carta al Director de Gomera21

Sr. Director:

Según la prensa, dijo en Las Palmas de Gran Canaria el Ministro de Justicia del Gobierno de España que “la Ley es igual para todos”, al referirse al ingreso en prisión del Presidente del Cabildo de Lanzarote varios años después de la Sentencia, sin ejecución hasta ahora por la tardanza en la denegación de un indulto “complicado”. Bueno, sin que lo proclame el Sr. Michavila como si del descubrimiento de la pólvora se tratara, sabemos que las leyes ahí están para todos: aforados o no, hombres o mujeres, niños o viejos. No obstante, Sr. Director, después de que don Julián García Valverde dimitiera por aquello de San Sebastián de los Reyes para seguir cobrando su sueldo de nuestro dinero público en la Embajada Española en Inglaterra, ha llovido tanto, tanto y tanto, es este país que aún llaman España, que es muy extraño ese escasísimo número de cohechistas “inocentes” que, votados o no, han ido a la cárcel, como acaba de hacer otra vez don Dimas Martín en Lanzarote.

La existencia de una ley igualitaria que puede conllevar esa frase ministerial de que “la Ley es igual para todos” no debe confundirse en absoluto con la aplicación igualitaria de misma cuando “todos somos iguales para (ante) la Ley”, como indica el artículo 14 de la Constitución, que no coincide con lo que el Sr. Garzón dijo en La Gomera de “las bolsas de impunidad de espacios de derecho” donde este y la justicia “incluso resultan inexistentes”.

Otro ejemplo de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife esa igualdad ante la Ley pudiera ser una falacia del Estado social y democrático de Derecho, es lo publicado en la sección de Opinión de Gomera 21 el 22 de diciembre de 2003, bajo el título de En la Impunidad, sobre determinados abusos infantiles archivados ( http://www.gomera21.com/noticia.php?n=1018&i= ). Me refiero a este escrito con mi firma, Sr. Director, puesto que al día siguiente me comunicaba Vd. que no había recibido ninguna denuncia y que, además, creía que había implicaciones personales pero nada que no fuese cierto. Puede Vd. estar absolutamente seguro que cuando acudí voluntariamente a opinar en este periódico, con mis errores y equivocaciones humanas, no lo hice para contar mentiras sino todo lo contrario, libre de cualquier vinculación política y de poder, al igual que de insoslayables deudas de algún favor recibido. Las injusticias a la infancia siempre deberían implicar personalmente.

Aunque, en comportamientos abusivos de poder pueda tenerse en cuenta posibilidades de coacción y amedrentamiento, yo no creo que en verdad haya denuncia por lo escrito, Sr. Director. Y es que, en la comisión de supuestos delitos, no denuncian ni quienes desconocen los hechos, ni quienes presuntamente los encubren. ¿Quién va a denunciar entonces? ¿Algún juez? ¿El Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía o el Delegado del Gobierno, don Antonio López? ¿Algún que otro fiscal, incluido el Sr. Cardenal? ¿O tal vez algún ministro o el mismo Presidente, Sr. Aznar?.

Para las Instituciones de la sociedad adulta española, los derechos de infancia en Canarias no parecen tener la importancia de los bursátiles del Sr. Alierta, máxime si tenemos en cuenta que, en el ámbito de la justicia, ahora también “el Poder Judicial critica a las islas por desatender al ciudadano” (El Día, 16/01/04).

No, Sr. Director. No habrá denuncia alguna.
Gomera 21 Amalahuigue 17/01/2004