Las Natalias de un 4 de Febrero

Tres años entre dos infanticidios de un mismo día.


Fue un 4 de febrero de 2001 en Miramar, una ciudad atlántica costera al sur de Buenos Aires, cuando fue asesinada, tras su violación por policías argentinos, la joven de 15 años Natalia Mellmann. Cuatro días más tarde encontraron el cadáver de la menor en el vivero municipal y detuvieron a “El Gallo” Gustavo Fernández, pero este siempre dijo que la mataron los policías a quienes la “entregó” para que abusaran sexualmente de ella.

El suboficial Ricardo Alfredo Suárez, alias “El Mono”, y los policías Oscar Alberto Echenique y Ricardo Anselmini, también sargentos ellos, han salido de la impunidad al ser finalmente condenados a cadena perpetua, porque, como dijo el jueves 22 de noviembre de 2002 Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, “el pueblo se ocupó y se preocupó”. Y el pueblo parece que se preocupó hasta el punto de conseguir no solo esas condenas con los 25 años de cárcel de “El Gallo” sino también que se abriera un segundo proceso para descubrir a sus encubridores de espaldas “acorazadas” que han tratado de “encasquillar” el proceso. Incluso el presidente argentino Néstor Kirchner prometió al padre de Natalia, bajo un abrazo en Miramar el pasado 2 de enero, que haría “todo lo posible” por el avance de caso.

Con impunidad y sin ella, a Natalia le arrebataron la vida en la argentina ciudad de Miramar un fatídico cuatro de febrero, después de ser el objeto de los abusos sexuales de unos policías.

Hace unos días, el más reciente cuatro de este febrero, cuando debía ser objeto de las caricias de su padre, a Natalia Vázquez se le heló para siempre su sonrisa de 7 años de niñez al ver que se clavaba en su pecho el cuchillo que empuñaba la mano paterna. La sangre de Natalia se derramó con su vida en aquella estancia del callejón Poeta Viana en del pueblo del El Médano, al sur de la isla de Tenerife y a orillas del Atlántico. La bandera de Colombia cubría el féretro blanco que contenía sus restos mortales mientras atravesaba un pasillo de coronas de flores bajo los compases del himno colombiano y acompañado en las honras fúnebres por cientos de compungidos vecinos tinerfeños y colombianos de San Isidro y de Granadilla, con su alcalde y miembros de la Corporación Municipal. El presunto asesino de su propia hija, por venganza en una desavenencia conyugal, fue puesto a disposición de la Justicia para que responda ante las leyes españolas, pero nunca nadie podrá devolver a Natalia aquella vida que perdió a cuchilladas el pasado cuatro de febrero. No obstante, también dicen que no hubo la suficiente diligencia por parte de los servicios de emergencia, ni de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Ayuntamiento de Granadilla convocó una manifestación el 14 de febrero, día de San Valentín, para protestar por eso que llaman violencia doméstica o de género, donde se recordó a Natalia. La concejal de Servicios Sociales, Ana Esther Flores Ventura, dijo: “¡Basta ya! Hay muertes suficientes como para que todos reflexionemos sobre nuestro papel en este drama”. Yo me reafirmo en ello.

Y me reafirmo porque, por ejemplo en Honduras, un país de cinco millones de habitantes donde mueren muchos niños y jóvenes asesinados impunemente, las presiones internacionales dieron lugar a la creación de la Unidad Especial para las Muertes de Niños formada por un grupo de cinco detectives de la Dirección General de Investigación Criminal, cuyos primeros quince casos son, precisamente, de asesinatos de niños por policías.

Al contrario que en España donde solo existe el Instituto de la Mujer, en el pequeño país centroamericano tienen el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, organismo autónomo de personalidad jurídica propia, cuya principal misión es la protección integral de la niñez y la integración plena de la familia en el marco de la Convención sobre los derechos del Niño, la Constitución de la Republica, el Código de la Niñez y de la Adolescencia y el Código de la Familia.

En España, por tanto, el niño no tiene un organismo que le defienda como a la mujer sus institutos. Por eso no es de extrañar que aquella denuncia pública que hizo el año pasado en el mes de junio Begoña Barras de más de cien casos de abusos sexuales a menores que han quedado impunes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por archivo de las causas haya podido terminar en “agua de borrajas”. Y habrá quedado así, porque el pueblo de las islas ni se ocupó ni se preocupó, tal y como debe ser, como con la muerte de Natalia el cuatro de febrero, y tampoco se ocuparon los que tienen la obligación de hacerlo para que la impunidad no campe a sus anchas de isla en isla. Claro, que con la delincuencia que más preocupa a don Antonio López……..

Ahora don Javier Nart, el abogado de Hamed Abderrahman Hamed a quien el Gobierno español acaba de traer en un avión para él solito del infernal Guantánamo calificado por la ministra Ana Palacios de “limbo jurídico”, dice que demandará a EEUU, no por malos tratos en la “prisión”, sino por su “detención arbitraria” o “secuestro”, que en España constituye un delito que atenta también contra los Derechos Humanos, señalando que “no sé si mi cliente es culpable o inocente, lo que defiendo es su presunción de inocencia” y, sobre todo, “que sea llevado a juicio en el que esto se determine”. El Sr. Nart debería tener en cuenta que ahora en España también podrían existir esas “bolsas de impunidad de espacios de derecho, donde se puede hacer lo que sea desde el poder y no va a haber ninguna respuesta de la justicia, porque se impide”, a las que se refirió el Juez Garzón en la isla de La Gomera. Y es que dicen que el Gobierno de España es un aliado de privilegio de ese poderoso y gran país del norte de América.

Mi amigo Antonio se queda dándole vueltas a estas declaraciones de don Javier, porque un montón de policías una vez le violaron su casa en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, al norte de la isla de Tenerife. Le violaron su domicilio al margen del artículo 18.2 de la Constitución Española para practicar la detención ilegal o secuestro, bajo la falsa acusación de robo, de su hijo legalmente inimputable por su edad, al que incomunicaron en un limbo jurídico sin letrado y sin presencia paterna, para luego encima difamarle con sus mentiras en la prensa provincial y en las televisiones. Y es que mi amigo Antonio no logra entender como, a pesar de la petición expresa, durante años el Ministerio del Interior se niega reiteradamente a la apertura de unas Diligencias que se llevan a cabo hasta para cuando unos policías en acto de servicio se toman una copa en la santacrucera Avenida de Anaga, y el Ministerio Fiscal, archivo tras archivo en una bolsa de impunidad jurídica, dificulta que “sea llevado a juicio en el que esto se determine” en aplicación de sus competencias. ¿Acaso los archivos impunizantes no violan también los Derechos Humanos?¿Es posible que la Convención sobre los Derechos del Niño no ampare a los menores en estas islas donde, concretamente, el Instituto Canario de la Mujer constituye un apoyo para sus madres, tías y abuelas?.

Los policías españoles que, sin autorización alguna, allanaron la vivienda de mi amigo Antonio y maltrataron a su hijo “chorreándose” en las leyes de su país y de la humanidad, al contrario que los argentinos que abusaron de Natalia Mellmann, continúan por ahí impunes de paseantines en automóviles ajenos y cobrando cada mes del erario público.

Todo esto no es extraño en este Archipiélago del Atlántico cuando la delincuencia que más le preocupa al Sr. López, antaño Ilmo. Fiscal y hoy “protector” de policías como Delegado del Gobierno de España en la Comunidad Canaria, es la delincuencia de los menores. A otros en cambio, no sé a cuantos aunque a un par al menos, nos preocupa muchísimo más esa otra delincuencia de la que son víctimas los menores.

Claro, que con tantos “niños de la calle” en el Mundo, con muerte o sin ella, habrá padres que nunca debieron haberlo sido y policías que tampoco, pero también gobiernos cuyos presidentes, cuando se marchan con la “conciencia tranquila”, deberían llevarse consigo algún que otro delegado “protector”.


Amalahuigue 16/02/04