Peceras

Ahora que entramos en campaña electoral, el CGPJ –que no es ningún partido político sino el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados, compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales que eligen los partidos políticos en el Congreso de Diputados y en el Senado, por una “consensuada” mayoría de 3/5 que avala su independencia y autonomía- se preocupa también de facilitar el acceso del ciudadano a la Justicia, y así el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial anuncia su propósito de realizar un profundo estudio para descubrir las causas por las que gran parte de las víctimas no utilizan los turnos de oficio especializados y con 24 horas diarias de disponibilidad en los 365 días del año.

Cuando en 1998 leí que, según una encuesta, el 88’6 % de los españoles desconfiábamos de la Justicia, me quedé tan perplejo que aún no he podido cerrar bien los ojos del asombro. Y es que a mi me parece que, con esa desconfianza, puede que sobren esas esforzadas “atenciones” a la ciudadanía cuando alguien con la conciencia tranquila para entrar en un juzgado ha de hacerlo con el culo encogido, el nudo en el cuello y el corazón en el puño. Pero, a estas alturas, el Consejo General del Poder Judicial proyecta estudiar los sistemas empleados por otros países de la UE para optimizar los cauces de las quejas ciudadanas y así “hacer un diagnostico certero de la situación de la Justicia” en España.

En estas islas atlánticas de la costa africana, pertenencias del Rey de Castilla ya antes de que Colón las pisara en La Gomera buscando a la Bobadilla para luego descubrir América, en presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Fernando de Lorenzo, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, doña María Ángeles García, se refirió a la deficiente atención judicial al ciudadano en Canarias, al carecer de las correspondientes oficinas que debe haber en cada sede judicial y que no pueden limitarse a simples buzones instalados en los juzgados.

Para subsanar las deficiencias judiciales de atención ciudadana del Sr. Rodríguez-Batllori, otro “mirlo blanco” que no es gomero, ni palmero como don Antonio Castro, la Sra. vocal del Consejo General del Poder Judicial pretende la utilización de un sistema baratito, con medidas “que permitan mejorar esa atención a un menor coste”. Se trata pues de una especie de “pecera” informativa ubicada en los vestíbulos de los juzgados canarios.

Sería estupendo que se aclararan las turbias aguas judiciales y que la transparencia de esas peceras pueda poner en evidencia también a los abusadores de tantos menores, escondidos en la turbiedad de archivos de impunidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.


Amalahuigue 18/01/04